Los brotes por legionelosis se ocasionan por la ausencia de tratamiento preventivo de desinfección y control de legionella en fuentes de riesgo, o bien por acciones inadecuadas, llevadas a cabo por empresas no competentes. Los titulares de las infraestructuras donde se desarrolla la bacteria son los responsables legales. En el caso de que una víctima de legionella muera, el culpable puede llegar a ser condenado de cárcel y asumir sanciones administrativas de hasta 600.000 euros.Las consecuencia de una muerte por legionella vienen marcadas en el Real Decreto 865/2003 que entró en vigor el 4 de julio derogando al anterior (RD 2210/1995). En el año 2003 las sanciones se endurecieron hasta el punto que el incumplimiento de la normativa, puede portar responsabilidad penal, administrativa, civil o en materia de responsabilidad social. Según la legislación, las multas económicas llegan hasta los 600.000 euros, en faltas muy graves, 60.000 si son graves y 3.000 euros si son consideradas leves.   (más…)leer más